Finalmente la Cámara de Diputados en la Argentina votó la Ley de Delitos Informáticos con la que se pena con prisión a quienes cometan algún delito informático como estafas o violación de la privacidad de la correspondencia o realicen actividades relacionadas con la pornografía infantil a través de la Web.

Por supuesto que es un paso muy importante para combatir este tipo de actividades ilegales, y si bien ya se había presentado el proyecto por primera vez a fines del 2006, el Senado le había hecho algunas modificaciones y en esta oportunidad la Cámara Baja votó su aprobación en forma unánime.

En cuanto a los delitos que se castigan, entre los que se relacionan con la pornografía infantil se encuentran la utilización de imágenes de menores de 18 años para comercializar a través de Internet (a quienes se castigará con cuatro meses a dos años de prisión) y la representación en Internet de menores de 18 años para actividades sexuales (con penas de entre seis meses y cuatro años).

La violación a la privacidad también se tuvo en cuenta: en este caso, se sancionarán con penas que van desde los 15 días hasta los seis meses a quienes violen correspondencia ajena, condena que aumentará si incluso se hace pública esa información y a quienes accedan a “sistemas informáticos restringidos” (entre 15 días y 6 meses de prisión).

Además se castigarán los delitos de violación, modificación o robo de bases de datos (con penas que van entre un mes a dos años), período que aumenta si el que lleva a cabo este delito es un funcionario público, y a quienes realicen cualquier tipo de estafa o fraude informático (de un mes a seis años).

Como se puede observar, es un paso fundamental para la seguridad informática y de la información en general. Ahora habrá que esperar a que se investigue y se descubra a quienes protagonizan este tipo de delitos y por supuesto, a que realmente se ponga en práctica esta ley. Para los que estén interesados en ver el texto completo, pueden hacerlo ingresando la página de Diputados de la Nación, y ver la resolución del 4 de junio.